En el trazo primero y el trazo segundo hemos definido al ciudadano como consumidor y como cliente del Estado respectivamente. La pregunta ahora es: Si el Estado no cumple con sus obligaciones ¿Quién defiende al ciudadano-consumidor? Vamos a ver algunos casos concretos. El contrato entre el ciudadano y el Estado establece que el Estado tiene la obligación de ofrecer sanidad de calidad. Actualmente, cuando pedimos cita para un especialista podemos enfrentarnos a una lista de espera de 6 meses y, para algunas intervenciones quirúrgicas, las listas de espera superan los 2 años. Esta situación es un incumplimiento de las obligaciones del Estado.

¿Qué podemos hacer ante esto? Absolutamente nada, la ley española no contempla compensar por un daño que no se ha producido. Es decir, para poder reclamar judicialmente debemos sufrir un daño cuantificable que sea consecuencia de las listas de espera (por ejemplo, la extensión de un cáncer, una amputación… ). Y aun en este caso, le será muy difícil conseguir indemnizaciones. El contrato entre el ciudadano y el Estado establece que el Estado tiene la obligación de ofrecer una enseñanza de calidad. Actualmente y debido a las continuas e insensatas reformas, la enseñanza ofrecida por el Estado es muy inferior a la media europea. Los estudios aseveran que un estudiante que acaba hoy la enseñanza básica sale peor preparado que la generación anterior, es decir, es la primera vez que una generación posterior obtiene peor educación que una generación anterior.

Las consecuencias de esta situación es de máxima crueldad para los ciudadanos que no podemos costearnos una educación privada (los de nivel económico medio y bajo). Se nos roba la posibilidad de destacar y prosperar en una sociedad competitiva, se nos condena a la eterna mediocridad.

¿Qué podemos hacer ante esto? Absolutamente nada, ningún tribunal aceptará cursar un procedimiento por este concepto. El contrato entre el ciudadano y el Estado establece que el Estado tiene la obligación de ofrecer seguridad. Actualmente, los distintos cuerpos de seguridad del Estado trabajan como cuerpos independientes, con bases de datos distintas y medios/protocolos incompatibles. Debido a ello, coordinar operaciones conjuntas es una tarea casi imposible.

¿Cómo pueden los cuerpos de seguridad ser efectivos bajo esta estructura? La realidad una vez más llama a la puerta, España es uno de los paraísos elegidos por la delincuencia organizada.

¿Qué podemos hacer ante esto? Absolutamente nada.
El contrato entre el ciudadano y el Estado establece que el Estado tiene la obligación de ofrecer Justicia. Uno de los principales problemas de la Justicia en España es la lentitud, una Justicia que tarda más de 3 años en resolver un procedimiento deja de ser justa. Muchas veces, cuando se dicta sentencia el ciudadano ya no se siente resarcido del daño sufrido.

Tan solo hay que acudir a cualquier juzgado del territorio español y preguntar un poco para ver el problema:

• No hay medios materiales
• no hay medios humanos
• el acceso a los sistemas de datos es deficiente y el procedimiento para conseguir el acceso interminable
• la ejecución de las sentencias se encuentra con trabas de todo tipo
• se crean nuevas leyes y cambios en los procedimientos pero no se tiene en cuenta que esos cambios necesitan soporte económico y nuevos medios...
• ... y muchos otros ...

¿Qué puede hacer el ciudadano ante esto? Absolutamente nada.

No hace falta continuar enumerando casos. Esta lista es suficiente como “botón de muestra”.